Fiscal de la CPI manifiesta preocupación por reformas a la JEP

En reciente informe de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se recordó que Colombia está en examen preliminar desde junio del 2004 por parte de este organismo internacional, con ocasión de las 229 comunicaciones que con arreglo al artículo 15 del Estatuto de Roma se han realizado.

Bajo este contexto de admisibilidad, la Fiscalía informó que seguirá en comunicación con las autoridades colombianas a efectos de recibir información acerca de todas las actuaciones investigativas concretas y progresivas, así como de las actividades de enjuiciamiento realizadas con respecto a los casos potenciales que ha identificado.

Además, continuará examinando el carácter genuino de las actuaciones llevadas adelante en el sistema de justicia ordinario que incluye a los jueces de la Ley de Justicia y Paz; además de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Si bien la Fiscal señala positivamente que la JEP esté en pleno funcionamiento la entidad seguirá examinando desarrollos relacionados a su reglamentación, operaciones y actuaciones al punto de que tendrá un impacto crítico respecto del examen de cumplimiento.

Así las cosas, la justicia internacional continuará el seguimiento a las actuaciones individuales que surjan de los casos iniciados hasta la fecha, así como también la identificación de nuevos casos seleccionados para su investigación y enjuiciamiento.

Responsabilidad de mando

La fiscal Bensouda fue enfática en señalar en relación con la responsabilidad de mando que el lenguaje contenido en el artículo 24 del Acto Legislativo No. 01 del 2017 podría interpretarse como una forma de restringir su alcance, en contraposición al derecho internacional consuetudinario y al Estatuto.

“Si bien la decisión de la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del artículo 24 sin modificaciones, quedará en manos de los magistrados de la JEP interpretar la legislación nacional correspondiente (…) tomando en consideración cómo la noción de responsabilidad ha evolucionado en el derecho internacional”.

De otra parte, también ha tomado nota de los cambios recientes a las Reglas de Procedimiento de la JEP, en cuanto a los objetivos de la investigación de delitos presuntamente cometidos por las fuerzas armadas y la creación de un procedimiento especial y diferenciado para agentes del Estado. (Lea: Delitos sexuales no deben ser competencia de la JEP)

Allí señaló que, si bien estas normas se encuentran demandadas ante la Corte Constitucional, este asunto  y toda iniciativa que pudiera constituir retrasos para que los perpetradores rindan cuentas, son de gran importancia para el organismo pues podría tener impacto en la admisiblidad de casos potenciales relacionados con agentes del Estado.

Falsos positivos

El informe identifica cinco casos potenciales relativos a cientos de homicidios conocidos como “falsos positivos” presuntamente cometidos por miembros de las brigadas que actuaban bajo la Primera División (Brigada 10), la Segunda División (Brigadas 30 y móvil 15), la Cuarta División (Brigadas 7, 16 y 28), la Quinta División (Brigada 9) y la Séptima División (Brigadas 4, 11 y 14) de las fuerzas armadas.

• Caso potencial 1: se han llevado a cabo investigaciones contra cuatro generales del Ejército en relación con homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Primera División entre 2004 y 2008, en el Departamento de Cesar. En noviembre del 2018, la Fiscalía General de la Nación (FGN) estaba llevando a cabo 74 procesos contra 472 miembros de la División, incluyendo 12 mayores. De los 74 casos, 40 están en etapa de investigación y cinco están en etapa de juicio.
• Caso potencial 2: dos generales han sido investigados en relación con cometidos por miembros de la Segunda División entre 2002 y 2009 en Magdalena y Norte de Santander. Hasta noviembre del 2018, 141 casos estaban en curso contra 813 miembros, incluyendo contra dos coroneles y 20 mayores. De los 141 casos, 96 están en la etapa de investigación y cinco están en etapa de juicio.
• Caso potencial 3: hay varias investigaciones en curso contra un general por múltiples incidentes presuntamente cometidos por miembros de la Cuarta División entre 2002 y 2008 en Casanare, Meta y Vichada. Según se informa, en noviembre del 2018, 276 estaban en curso contra 1.247 miembros de la División, incluyendo contra un coronel y 53 mayores. De los 276 casos, 141 están en la etapa de investigación, y cinco están en etapa de juicio.
• Caso potencial 4: la información disponible indica que, en noviembre de 2018, la FGN estaba investigando a dos generales por presuntos homicidios cometidos por miembros de la Quinta División entre 2004 y 2008 en el Departamento de Huila. En noviembre del 2018 se estaban llevando a cabo 84 investigaciones contra 167 miembros de la Quinta División, incluyendo contra cinco mayores. De los 84 casos, 27 están en la etapa de investigación y seis están en etapa de juicio.
• Caso potencial 5: se ha investigado a tres generales en relación con los homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Séptima División entre 2002 y 2008 en Antioquia y Córdoba. Además, se están llevando adelante 604 casos contra miembros de la Séptima División, incluyendo contra dos coroneles y 24 mayores. De ellos, 328 están en la etapa de investigación y 32 están en etapa de juicio.

Por último, se indicaron otros casos relacionados con desplazamientos forzosos ocurridos en el marco del conflicto, así como los procedimientos relativos a los caos de delitos sexuales y por motivos de género, donde se indicó que la FGN presentó dos informes respecto de 1.080 casos cometidos presuntamente por las Farc, incluyendo civiles y miembros de sus propias filas. (Lea: Listo fallo que avaló el tratamiento penal diferenciado para miembros de la fuerza pública)

CPI, Informe de la Fiscalía, Dic. 5/2018